CIUDAD DE MÉXICO.
Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, el Senado avaló el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que auxilie a la Presidencia de la República en materia de seguridad nacional; coordine a los tres niveles de gobierno en labores de inteligencia contra el crimen y audite los fondos federales que se entregan a los gobernadores y alcaldes para el combate a la inseguridad.
Desde la tribuna del Senado, todos los grupos parlamentarios destacaron los aspectos positivos de la reforma constitucional. Aunque PRI y Movimiento Ciudadano plantearon modificaciones para evitar incongruencias entre disposiciones constitucionales, Morena rechazó hacerle cambio alguno.
Aprobada con 121 votos unánimes, la reforma establece que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.
Ordena que “los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo”.
Son tres los fondos con dinero federal que se entregan a estados y municipios.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) distribuyó este año un total de nueve mil 201 millones 670 mil 196 pesos. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejerce distribuye en este año 116 mil 967 millones 47 mil 652 pesos y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública tuvo una bolsa concursable de 64 millones 818 mil 178 pesos.
Dado que se trata de dinero de la federación, la ASF se encarga de verificar el uso que se hace en los estados y municipios de todo el dinero que se les entrega por medio de estos Fondos, pero ahora también lo hará la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch.
Dispone que “el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, dice.
Ordena que la Secretaría del ramo de seguridad pública formulará, “coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
Le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley.
Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”, dispone.
Después de mencionar con nombre y apellido casos de asesinatos de mujeres y menores de edad, la priista Mely Romero destacó que “sigue habiendo muchísimo trabajo por hacer, sigue habiendo una falta de sensibilidad de las autoridades ante las injusticias que viven las mujeres y desafortunadamente sigue habiendo abrazos, literalmente abrazos a los delincuentes o a sus familiares directos, literalmente abrazos a quienes más dañan a este país.
Ya van más de seis años del actual régimen y más de 200 mil víctimas. Esa es la realidad, no son sólo estadísticas ni números, son víctimas que tienen nombre y apellido. Ahora, senadoras, senadores y gobierno en turno, es su responsabilidad, la violencia del país ya no es culpa del pasado.
Esta iniciativa, esta que recibimos de la reforma al artículo 21 constitucional, esta comienza a decirnos que finalmente lo están aceptando”, consideró.
El emecista Clemente Castañeda, coordinador de su bancada, dijo que les preocupa “que se condicionen los recursos de las entidades federativas a través de la facultad de fiscalización de recursos de la nación, más como se dijo en la discusión de esta iniciativa, cuando los ingresos de las entidades para seguridad sean visto mermados sistemáticamente”.
Y “nos preocupa profundamente la duplicidad de funciones y el esquema de coordinación que habrá con la Fiscalía General de la República, la Defensa y la Guardia Nacional, ya que esta reforma no regula específicamente qué tareas le corresponde a cada institución.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.
PASA REFORMA A ADMINISTRACIÓN
Con 321 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear las secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de las Mujeres, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Por lo que el decreto de creación publicado el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación será invalidado el 1 de enero de 2025, por lo que se tendrán que realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
El dictamen, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, es producto de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el que se incluyen adecuaciones normativas y de atribuciones en las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Salud, Energía, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, Turismo y de Educación Pública.
Además, contempla modificaciones en materia de lenguaje incluyente, con el fin de cambiar el término “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o Ejecutivo Federal”, por “persona titular del Ejecutivo Federal”.
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá facultades que garanticen la transparencia de la dependencia, incluyendo el acceso a la información pública, la evaluación de la gestión gubernamental, la protección de datos personales, profesionalización e integridad pública, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción.
La Secretaría de las Mujeres, la cual tiene como propósito erradicar la violencia de género.
